Las consecuencias de la multimillonaria contratación con un grupo de fundaciones, adjudicada el 18 de diciembre de 2014 por parte de la entonces directora regional encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Yolanda Ruiz Pinzón, fue alertada oportunamente a través de un trabajo investigativo realizado por Zona Cero

En esa ocasión fueron publicados los resultados de la Convocatoria Pública 0003-2014, cuyo objeto era “atender a niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición, en los servicios de educación inicial y cuidado, en las Modalidades Centro de Desarrollo Infantil y Desarrollo Infantil en medio familiar, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, estándares de calidad y las directrices y parámetros establecidos por el ICBF”.

Lo que llamó poderosamente la atención fue el hecho de que que varios contratistas resultaron favorecidos por partida doble: a nivel individual y como integrantes de uniones temporales.

La contratación adjudicada el 18 de diciembre de 2014 alcanzó los $33.820 millones sobre un total previsto de $37.013 millones.

Allí también quedó reseñado el caso de la Unión Temporal Unidos por la Niñez, integrada por la Fundación Social una Mano Amiga por la Niñez Atlanticense y la Fundación Esperanza para la Niñez, representada por Luis David Avendaño Méndez, quien según la Fiscalía General de la Nación, junto a su hijo Luis David Avendaño Fernández, la exdirectora regional del ICBF, Yolanda Ruiz Pinzón, 4 supervisores de contratos, el tesorero, el contador de la UT y otras personas más habrían participado en el desfalco contra la entidad, que impidió la atención adecuada a los infantes de estratos 0, 1 y 2 de los municipios de Tubará y Ponedera, en el departamento de Atlántico.

Con esa Unión Temporal, la regional del ICBF suscribió un contrato por 1.207 millones 26 mil 418 pesos, bajo la figura de modalidad familiar, en el municipio de Tubará.

Igualmente, con la misma UT fue firmado otro contrato, por 1.252 millones 968 mil 600 pesos, para la atención en la modalidad familiar, en el municipio de Ponedera.

Los dos contratos suman 2.459 millones 995 mil 18 pesos y forman parte de la investigación inicial que ya tiene a 12 personas capturadas.

Sin embargo, la regional del ICBF también le adjudicó a la citada Unión Temporal otros dos contratos para ser ejecutados en el municipio de Puerto Colombia. El primero, por 1.065 millones 549 mil 124 pesos bajo la figura CDI Institucional sin arriendo, modalidad familiar. Y el segundo, por 417 millones 312 mil 610 pesos (CDI Institucional con arriendo).

Los cuatro contratos adjudicados de manera simultánea por el ICFB Regional Atlántico a la misma Unión Temporal totalizan 3.942 millones 856 mil 752 pesos, tal como lo publicó oportunamente Zona Cero.

Por el momento la investigación está encaminada a los contratos de la Unión Temporal Unidos por la Niñez en los municipios de Tubará y Ponedera, con cuya irregular ejecución se registraría un detrimento por valor de 600 millones de pesos.

Según la Fiscalía, la Unión Temporal habría incurrido en “sobrecostos en los refrigerios y mercados, pagos de cánones de arrendamiento que no hacían parte del objeto del contrato, destinación de recursos para fines diferentes a los contratados, así como irregularidades en el proceso de selección del contratista, por cuanto este no reúne ni las capacidades técnicas ni financieras para ejecutar el contrato”.

En efecto, en esta convocatoria, la Unión Temporal presentó propuestas para cuatro grupos diferentes, cuya evaluación inicial fue la siguiente:

- Grupo 1, Tubará. No cumplió partes jurídica ni técnica. Resultado: no cumple. 90 puntos.

- Grupo 10, Puerto Colombia A. No cumplió parte técnico. Resultado: no cumple. 90 puntos.

- Grupo 11, Puerto Colombia B. No cumplió parte técnica. Resultado: no cumple. 90 puntos.

- Grupo 17, Ponedera. No cumplió parte técnica. Resultado: no cumple. 90 puntos.

Luego, en la evaluación definitiva la Unión Temporal aparece cumpliendo todos los requisitos alcanzando 100 puntos en cada una de ellas.

De acuerdo con la Fiscalía, los graves hechos detectados implicarían a los responsables en los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos t contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.